una propuesta que amplía el poder de los estados en materia de inmigración y detención

una propuesta que amplía el poder de los estados en materia de inmigración y detención

Conocida como Ley Laken Riley, un proyecto de ley que actualmente se debate en el Congreso de Estados Unidos busca otorgar a los estados más autoridad para intervenir en la aplicación de la ley de inmigración, permitiendo a los fiscales generales estatales y a los jueces federales asumir un papel más activo, entre otras cosas. en la decisión sobre detención y deportación. La iniciativa, respaldada por los republicanos, ya ha sido aprobada por la Cámara de Representantes y avanzará en el Senado con apoyo bipartidista, aunque su aprobación final requerirá el apoyo de al menos siete senadores demócratas.

Esta legislación toma su nombre de Laken Riley, una joven estudiante universitaria que fue violada y asesinada por un inmigrante indocumentado que fue detenido y liberado varias veces. Este trágico caso no sólo se convirtió en un símbolo de la campaña presidencial de Donald Trump y otros candidatos republicanos, sino que también jugó un papel central para justificar el endurecimiento de la política migratoria propuesta en la ley.

Poderes ampliados para los estados

Una de las disposiciones más notables de la Ley Laken Riley es que los estados pueden demandar al gobierno federal en los casos en que crean que las leyes de inmigración no se están aplicando adecuadamente. Actualmente, los precedentes de la Corte Suprema han limitado estas acciones legales, pero el proyecto de ley busca revertir esa jurisprudencia, permitiendo a estados como Texas intervenir en las decisiones tomadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre la liberación de inmigrantes detenidos.

“Los estados necesitan herramientas para desafiar a un presidente que decide no hacer cumplir las leyes de inmigración”, dijo Jessica Vaughan, directora de estudios de políticas del Centro de Estudios de Inmigración.

Según esa legislación, los fiscales generales estatales pueden solicitar órdenes de tribunales federales para obligar al gobierno a detener a inmigrantes acusados ​​de ciertos delitos, o incluso restringir visas a ciudadanos de países que se niegan a deportar a sus ciudadanos. Por ejemplo, el fiscal general de Texas podría solicitar la suspensión de visas de trabajo para trabajadores de China o la prohibición del turismo de negocios de la India si esos países no cooperan para devolver a sus ciudadanos deportados.

Pero esa expansión sólo funcionaría de una manera: los estados podrían demandar al gobierno federal por la liberación de un inmigrante, pero no tendrían poder para impugnar las detenciones que consideren ilegales.

Cambios en los motivos de la detención obligatoria

Otro aspecto controvertido de la Ley Laken Riley es la proliferación de delitos que justifican la detención obligatoria de inmigrantes. Actualmente, estas medidas se suelen utilizar para delitos graves o violentos, pero el proyecto de ley también incluiría delitos menores, como hurto o hurto.

Los críticos advierten que la medida podría desviar recursos destinados a detener a inmigrantes involucrados en delitos violentos, sobrecargando un sistema con capacidad y presupuestos limitados.

«Este tipo de disposiciones pueden sobrecargar el sistema y desviar la atención de casos realmente de alta prioridad, como los casos de delincuentes peligrosos», dijo Aaron Reichlin-Melnick, analista del Consejo Estadounidense de Inmigración, en una conferencia telefónica con periodistas.

Contexto y antecedentes legales

El proyecto busca abordar la frustración republicana con la aplicación de las leyes de inmigración bajo Joe Biden y administraciones anteriores. En 2023, la Corte Suprema dictaminó que Texas y Luisiana no podían exigir un cambio en las prioridades de deportación fijadas por la administración Biden, que priorizaba deportar a inmigrantes que amenazaran la seguridad nacional o estuvieran involucrados en delitos graves, dejando estos últimos para violaciones menores.

La Ley Laken Riley intentaría revertir ese precedente al otorgar a los estados el derecho de demandar al gobierno federal por su interpretación de la política de inmigración. También permitiría apelar contra las decisiones de los jueces de inmigración de liberar a los detenidos, lo que actualmente es competencia exclusiva del Departamento de Justicia.

«Los estados han intentado en numerosas ocasiones obligar a la administración Biden a cumplir con sus obligaciones de hacer cumplir la ley, pero no han tenido éxito», añadió Vaughan, destacando la necesidad de mecanismos legales más eficaces para los estados.

Críticas y preocupaciones internacionales

La posibilidad de que los estados bloqueen la emisión de visas a nacionales de ciertos países ha generado preocupación en ciertos sectores sobre el posible impacto político y económico.

“Si un juez de distrito o un fiscal general bloquea la visa, podría crear una crisis diplomática con graves consecuencias para la economía estadounidense y la inmigración en general”, advirtió Reichlin-Melnick.

El senador demócrata Chris Murphy también se opuso a la disposición, argumentando que podría convertir el sistema de inmigración en un campo de batalla judicial para los tribunales locales.

«No creo que queramos un sistema de inmigración que sea constantemente litigado en los tribunales de distrito de todo el país», afirmó Murphy en una entrevista reciente con la prensa.

Defensores y oponentes

Mientras que muchos demócratas y organizaciones proinmigrantes ven el proyecto de ley como excesivo y potencialmente dañino, los defensores republicanos lo ven como una herramienta necesaria para compensar las deficiencias del gobierno federal en la aplicación de la ley de inmigración.

«Las disposiciones relativas al Procurador General son la esencia de esta ley. Si recortamos esa parte, se perdería el 90% del impacto del proyecto”, dijo el representante Chip Roy, uno de los principales patrocinadores de la Ley Laken Riley.

De manera similar, sus defensores argumentan que las políticas actuales no han utilizado todo el arsenal de herramientas legales disponibles para combatir los delitos cometidos por inmigrantes. Dicen que la Ley Laken Riley cerraría esas brechas y garantizaría una aplicación más estricta de la ley.

El futuro del proyecto de ley es incierto

A pesar de la aprobación de la Cámara, el proyecto enfrenta un camino difícil en el Senado, donde los republicanos deben ganar el apoyo de al menos siete demócratas para su aprobación final.

Si se promulga, es probable que varias de sus disposiciones enfrenten desafíos legales en los tribunales federales, particularmente en relación con la detención obligatoria de inmigrantes y la emisión de visas. Sin embargo, la Ley Laken Riley ya ha conseguido reactivar el debate sobre la inmigración en Estados Unidos, marcando una nueva etapa en la búsqueda de políticas más restrictivas y fortaleciendo el papel de los estados en este ámbito.

Mientras tanto, el debate sobre la legislación resalta las tensiones entre las prioridades de seguridad y justicia y los valores de un sistema de inmigración históricamente visto como un pilar de la identidad nacional estadounidense.

By Hudson Linda C

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