El debate sobre la legalización del aborto en las primeras doce semanas de embarazo ha vuelto a cobrar fuerza estos días en Alemania, un país en el que muchas mujeres viven aún estigmatizadas por su decisión de interrumpir la gestación. Ahora, una comisión de expertos ha recomendado poner fin a esta situación y legalizar explícitamente los abortos durante este periodo.
“La ilegalidad fundamental del aborto en las primeras fases del embarazo es insostenible”, declaró hoy la jurista Liane Wörner en la presentación del dictamen final de una comisión de expertos formada por 18 miembros a petición del Gobierno alemán. “Los legisladores deberían tomar cartas en el asunto y hacer que el aborto sea legal e impune”, afirmó Wörner después de que la comisión analizara la situación durante un año.
En Alemania sigue vigente el controvertido artículo 218 del Código Penal por el que la interrupción voluntaria del embarazo está prohibida. Sin embargo, desde 1992 se puede acceder al aborto legal durante las 12 primeras semanas de embarazo, siempre que lo practique un médico y que previamente se haya acudido a una consulta o asesoría al menos tres días antes del procedimiento.
Esto quiere decir que en la práctica se pueden realizar abortos. Sin embargo, esta condición previa es vista por muchas mujeres y asociaciones como un requisito incómodo en el que las embarazadas tienen que justificar sus motivos para querer abortar como si se tratara de una especie de confesionario y donde en muchas ocasiones se sienten juzgadas, especialmente en los estados federados más conservadores de Alemania, como es el caso de Baviera.
La comisión de expertos creada por el Gobierno de Olaf Scholz —que en el acuerdo de coalición entre socialdemócratas, verdes y liberales incluyó la despenalización del aborto— considera que las normas actuales están desfasadas y afirma que el deseo de una mujer de interrumpir su embarazo está protegido por los derechos fundamentales. “En esta fase del embarazo, la mujer tiene derecho a interrumpirlo”, explican, y agregan que por tanto sería lógico legalizar explícitamente los abortos durante este periodo.
El razonamiento es que los “intereses del feto y los intereses de la mujer embarazada” deben ponderarse de forma diferente según la fase del embarazo en la que se encuentre la mujer. “El derecho a la vida no tiene el mismo peso antes del nacimiento que después”, explicó la catedrática de Derecho Frauke Brosius-Gersdorf, una de las coordinadoras del grupo de expertos.
“Hasta que el feto es viable fuera del útero, aproximadamente a partir de la semana 22 de gestación, la protección del derecho a la vida del no nacido pasa a un segundo plano frente a la solicitud de aborto de la embarazada”, agregó la experta sobre el límite absoluto marcado en Alemania, que está fijado en esta semana 22.
La experta también señaló que esto también repercute en la obligación de las cajas de seguros médicas de pagar las prestaciones. En la actualidad, los costes sólo se cubren si hay razones médicas para abortar, o si la mujer tiene pocos o ningún ingreso.
De momento, no se espera una modificación rápida por parte del Gobierno. Tanto el ministro de Sanidad, Karl Lauterbach, como el de Justicia, Marco Buschmann, o la de Familia, Lisa Paus, se mostraron cautos sobre cuándo cabría esperar una nueva regulación legal y abogaron por un “proceso ordenado”. Lo que sí dejaron claro es que quieren evitar la polarización sobre el tema. “Lo que no necesitamos son debates que incendien la sociedad”, dijo Buschmann.
Como era de esperar, el dictamen del comité ha sido acogido con optimismo por las asociaciones a favor de la elección libre de las mujeres. “Para las mujeres embarazadas involuntariamente y para los médicos, hay que poner fin de una vez por todas a una situación en la que los abortos están prohibidos y sólo se toleran bajo determinadas condiciones. Esta criminalización perjudica a todos los afectados”, comenta la doctora Jana Maeffert, miembro de la junta directiva de la red Doctors for choice Germany.
Críticas de los conservadores y la extrema derecha
Sin embargo, este movimiento a favor de la despenalización del aborto también ha desatado muchas críticas por parte de los conservadores y del partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD), que no ven motivo alguno para modificar la ley. Los conservadores han amenazado incluso con llevar el asunto ante el Constitucional alemán y critican que la elección previa de los miembros del comité por parte del Gobierno ya hacía prever un resultado de este tipo.
“El código penal es el lugar adecuado para regular esta delicada cuestión. Al fin y al cabo, se trata de la protección de la vida no nacida y de su dignidad humana consagrada constitucionalmente”, declaró la vicepresidenta de la conservadora CDU, Silvia Breher. “No hay nuevos descubrimientos científicos o médicos ni obligaciones derivadas del derecho europeo o internacional que exijan una nueva regulación de esta controvertida cuestión”, indicó.
En medio de este debate, la semana pasada el canciller alemán presentó ante el Parlamento un proyecto de ley para prohibir las concentraciones de grupos radicales provida en un radio de 100 metros alrededor de los centros de consulta a los que acuden las mujeres que quieren abortar.
Según el Gobierno, los activistas antiaborto protestan cada vez más ante los centros de asesoramiento sobre el embarazo y las instalaciones donde se practican abortos. “Una y otra vez, mujeres embarazadas nos cuentan que en las consultas les han aconsejado que utilicen la entrada trasera porque en la delantera habría gente protestando con pancartas. Eso es sencillamente inaceptable”, explica la doctora Jana Maeffert de Doctors for choice Germany. La red lleva años reclamando una mayor protección para las mujeres que buscan ayuda médica.
La despenalización del aborto cuenta con el apoyo de la mayoría de la sociedad. El 72% de los encuestados estaría a favor de que se permitiera el aborto sin restricciones durante las doce primeras semanas, según una reciente encuesta elaborada por el instituto demoscópico Forsa para RTL. Asimismo, el 62% no cree que esta medida fuera a aumentar el número de abortos en el futuro, frente a un 33% que sí lo cree.
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