Teresa Vicente, la abogada y profesora de la Universidad de Murcia que ideó, impulsó y logró la aprobación de la ley que reconoce la personalidad jurídica del Mar Menor y lo considera un sujeto con derechos propios, recibió este lunes en San Francisco (Estados Unidos) Estados Unidos) el Premio Goldman, considerado el galardón más prestigioso para los defensores del medio ambiente, el Nobel del ambientalismo. Este premio reconoce cada año a seis “activistas ambientales de base”, uno por continente, por su lucha en defensa de la naturaleza. Vicente (Lorca, 61 años), es el ganador de este año del Goldman de Europa, y es el segundo español que entra en esta lista desde que se entregaron los premios en 1990: el primero fue el aragonés Pedro Arrojo, en 2003.
Tampoco es la primera vez que el experto en Derechos de la Naturaleza recibe un premio por impulsar esta ley 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca, según ha manifestado. Se llama oficialmente, aunque sigue siendo conocida por todos en la Región de Murcia, simplemente como “la ILP del Mar Menor”, porque partió de una iniciativa legislativa popular. 639.826 personas dieron su firma para llevar al Congreso de los Diputados un texto legal que reconoce a esta laguna salada como “sujeto de derecho” y que determina que cualquier persona tiene derecho a defenderla y acudir a los tribunales en nombre del ecosistema “como el verdadera parte interesada».
En una entrevista con EL PAÍS con motivo de este premio, el abogado reconoce que es un concepto difícil de explicar porque la sociedad aún no ha interiorizado que el modelo de “justicia social”, que reconoce los derechos humanos, no ha evolucionado al mismo tiempo. . ritmo que el conocimiento científico: si bien la ciencia ha demostrado que el ser humano no puede vivir sin la naturaleza, todavía no le ha concedido derechos o lo ha hecho en muy raras ocasiones. En Europa no existe ningún otro ecosistema que tenga derechos propios, y en todo el mundo sólo hay media docena. Vicente se felicita por haber conseguido este hito en “tiempo récord”, y considera que fue posible porque, en un momento de colapso total del Mar Menor, con la aparición de la llamada “sopa verde” por primera vez y el espectáculo dantesco De las toneladas de peces muertos por falta de oxígeno después, buena parte de la sociedad murciana sintió lo que define el artículo 6 de la ley, el más importante para el letrado: “Que todos somos el Mar Menor”.
“Cuando surgió el movimiento social en defensa de la laguna, en 2019, mucha gente se emocionó al ver claramente que el Mar Menor de sus recuerdos ya no existía”, detalla Vicente, que viene estudiando el campo de la justicia ecológica. desde los años 1980. El texto del ILP fue escrito por ella, tras una estancia en el Centro de Justicia y Clima de la Universidad de Reading (Inglaterra), para estudiar cómo otros países habían cedido derechos sobre los ecosistemas. Como señala, cuando se puso en marcha el ILP en Murcia tuvo un enorme éxito, “porque era justo lo que la sociedad quería oír: que el Mar Menor tenía derechos”.
Desde que se empezaron a recoger las primeras firmas, en el verano de 2020, en plena pandemia de coronavirus, “cuando la gente tenía miedo hasta de coger un bolígrafo”, han pasado casi cuatro años en los que Vicente destaca otros dos logros en materia de protección de este ecosistema: la aprobación por parte del Ministerio para la Transición Ecológica de un Marco de Actuaciones Prioritarias dotado con más de 675 millones de euros para intervenciones de recuperación, y la creación de una ley autonómica para la protección y recuperación de la laguna que impuso importantes restricciones a operaciones agrícolas en la zona para tratar de evitar vertidos contaminantes a sus aguas.
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Con la entrada de Vox en el Gobierno murciano tras las elecciones de mayo de 2023, esta ley autonómica ha quedado en entredicho: el partido ultra prometió durante la campaña que la reformaría para abrir la mano a la agricultura y transferir competencias a los ayuntamientos. El 17 de abril, tras un intenso debate en la Asamblea Regional de Murcia, la propuesta de Vox fue rechazada, pero el socio mayoritario del Gobierno, el PP, se abrió por primera vez a cambiar la ley proponiendo una comisión de expertos para elaborar un nuevo texto. . Para Vicente, aunque cambie la ley autonómica «no debemos dar un paso atrás» en la protección de la laguna porque la ILP ha marcado «un cambio radical de modelo». Según destaca, la protección de este valioso ecosistema ya no es una idea que dependa de un partido político u otro, ya que «es un derecho subjetivo del propio Mar Menor». Cualquiera podría acudir a los tribunales y defender esos derechos ante un hipotético cambio legal que bajaría su índice de protección, advierte.
Un mar que ejerce sus derechos
La unidad social en torno al ILP fue un hito, pero el verdadero logro para el abogado es que, desde su entrada en vigor el 3 de octubre de 2022, la norma ha comenzado a “utilizarse”: el Mar Menor ya está representado en tres tribunales judiciales. proceso como acusación particular y se encuentra “ejerciendo sus derechos”. El juez de instrucción número 4 de Cartagena ha sido el primero en ofrecer a Laguna Salada, como persona jurídica con derecho propio, la posibilidad de personarse en estos tres procedimientos, que están relacionados con la contaminación ambiental por vertidos mineros y agrícolas. En uno de ellos, la Audiencia Provincial de Murcia determinó que las personas que se habían erigido en acusaciones particulares para ejercer los derechos del Mar Menor, entre ellas la propia Vicente, eran en realidad acusaciones populares. El Mar Menor, como sujeto de derechos, ha interpuesto recurso de amparo recurriendo a la tutela judicial efectiva ante el Tribunal Constitucional contra dicha resolución.
Para Vicente, la ley ahora es imparable, pero no se conforma con ello y considera que “el siguiente paso debe ser una Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza que complemente la Declaración Universal de Derechos Humanos del siglo pasado, y ambas deben caminar juntos”, señala. Ya ha hecho esa propuesta en la Asamblea General de las Naciones Unidas en dos ocasiones con la ayuda del ILP. Lograr esta declaración universal, cree, supondría el auténtico cambio de paradigma a nivel mundial para lograr una evolución del actual modelo de justicia social a otro que incluya también la justicia de la naturaleza.
En esta edición de los Premios Medioambientales Goldman, además de Teresa Vicente por Europa, han sido premiados por África los activistas indígenas Nonhle Mbuthuma y Sinegugu Zukulu, que consiguieron impedir que se llevaran a cabo pruebas de detección de petróleo y gas de una forma especialmente región biodiversa del Cabo Oriental de Sudáfrica, conocida como la Costa Salvaje. En Asia, ha sido premiado el activista contra las minas de carbón en la India central Alok Shukla, que impidió la construcción de 21 de estas minas previstas en 180.000 hectáreas de bosques. El desarrollo de una mina de carbón también fue bloqueado por el activista premiado en Oceanía, Murrawah Maroochi Johnson, que logró anular ante los tribunales esta infraestructura proyectada en Queensland (Australia).
En Norteamérica la activista reconocida ha sido Andrea Vidaurre, quien convenció a la Junta de Recursos del Aire de California para adoptar nuevas regulaciones de transporte que limiten las emisiones contaminantes. Finalmente, el premio para América del Sur y Central recayó en el brasileño Marcel Gomes, quien coordinó una compleja campaña internacional para vincular a la mayor empresa envasadora de carne del mundo con la deforestación ilegal de ecosistemas amenazados en el país.
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