Vie. Abr 12th, 2024

David K., un estudiante de 24 años, abrió fuego este jueves en el edificio de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Carolina, ubicada en el centro de Praga, y mató al menos a 14 personas e hirió a otras 25. Para el atentado, utilizó un rifle que obtuvo de manera legal, según los primeros indicios de la policía. República Checa es uno de los miembros de la Unión Europea con las políticas más laxas sobre el control de armas y se ha opuesto constantemente a integrar normativas más estrictas en esta materia.

Las autoridades checas, una vez descartada la conexión del ataque con el “terrorismo internacional”, revelaron que el asaltante poseía “varias” armas que compró legalmente. Se confirmó después que tenía registradas ocho armas, dos de ellas largas. Según los medios locales, David K. se sirvió de un rifle de asalto AR-10, de la misma familia de los AR-15 ―que se utilizan a menudo en los tiroteos masivos de Estados Unidos―, para llevar a cabo el ataque.

El alcalde de Praga, Bohuslav Svoboda, citado por la televisión pública checa, aseguró que “el problema del atacante solitario” también está surgiendo allí. “Siempre pensamos que esto era algo que no nos concernía. Ahora resulta que nuestro mundo también está cambiando”, lamentó.

La sacudida que provocó el episodio reverberó en el Ministerio del Interior, donde “no se durmió” la noche del jueves, según señaló el ministro en declaraciones a la prensa. Más allá del impacto, el ataque ha generado preguntas sobre la normativa checa. El ministro del Interior, Vít Rakusan, reconoce que “es un debate legítimo”, aunque sostiene que, comparada con otras legislaciones, “en muchos aspectos es más estricta que la de otros lugares del mundo”.

Pero más allá de defender que ninguna ley “garantiza al 100% la prevención de los ataques”, el ministro del Interior aseguró que el Parlamento está ya en la última fase de un trámite legislativo para hacer algo más garantista la actual norma sobre control de armas. “Es una triste paradoja”, expuso. Porque una vez aprobada, la reforma permitirá a las empresas notificar a la policía “compras sospechosas” de armas o municiones. Las fuerzas de seguridad también podrán confiscar armas de manera preventiva. Además, plantea la creación de autorizaciones electrónicas, en reemplazo de las licencias actuales.

De momento, el Gobierno no ve un peligro inminente de otra amenaza, pero ha elevado las medidas de precaución hasta el 1 de enero, con mayor presencia policial en las calles donde se reúnan un número considerable de personas por la temporada navideña.

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300.000 personas armadas

En República Checa, un país de 10,5 millones de habitantes, circulan más de un millón de armas registradas, que están en posesión de unas 300.000 personas, según datos de la policía de finales de 2022. Para obtener una licencia de propiedad, el solicitante no puede tener antecedentes penales y debe aprobar un test psicotécnico, además de otras pruebas de aptitud mental. Este último requisito fue introducido tras el tiroteo masivo de 2015 en Uhersky Brod, una localidad al este del país, en el que murieron nueve personas, incluido el asaltante. También hay exámenes. Uno es escrito, cuya dificultad depende del tipo de licencia que se quiera obtener, y el otro práctico, para demostrar el buen manejo del arma, como la precisión al disparar.

Cuando, a raíz de los ataques de París en 2015, el Parlamento europeo y el Consejo de la UE acordaron incrementar las restricciones para el acceso de armas semiautomáticas, República Checa fue uno de los más firmes opositores. Praga recurrió en 2017 al Tribunal de Justicia de la UE al considerar que la directiva era, en palabras del entonces ministro del Interior, Milan Chovanec, “un castigo masivo a los propietarios legales de armas” y que influiría “negativamente” en la seguridad del país. La justicia europea desestimó el recurso en 2018, pues observó que la orden no invadía las competencias nacionales.

Pese a estas pugnas a escala europea, República Checa protege desde 2021 en su Constitución “el derecho a defender la propia vida o la de otra persona con armas en las condiciones estipuladas por la ley”. La norma que regula este derecho permite a los mayores de 18 años obtener una licencia si el arma se utiliza para practicar un deporte o para la caza. Cuando la licencia se otorga para la defensa personal, la edad mínima se eleva a los 21.

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