Mar. Abr 23rd, 2024

La legalización del matrimonio igualitario amenaza con complicarle la legislatura a Kyriakos Mitsotakis. El primer ministro conservador griego, reelegido con mayoría absoluta en julio de 2023, ha tenido un primer semestre bastante tranquilo porque la economía marcha relativamente bien, a pesar de la inflación y sus problemas estructurales y, sobre todo, gracias a que la oposición atraviesa una crisis interna sin precedentes. Atrás han quedado el accidente de tren que marcó el final de la legislatura pasada y los desastres naturales, incendios e inundaciones, del inicio de la actual. Lo que nadie esperaba era una rebelión interna en su partido. Un sector de Nueva Democracia (ND) amenaza con retirar su apoyo al Ejecutivo si este aprueba ―como ha anunciado― la reforma del código civil que permitiría el matrimonio entre personas del mismo sexo. Hasta ahora, este derecho solo se reconoce a parejas heterosexuales, independientemente de que sean cis o trans.

Mitsotakis aún no ha comunicado cuándo quiere someter a votación en el Parlamento la propuesta, pero ha dicho que será “pronto”. Las voces críticas han salido ya a exponer su rechazo. Thanos Plevris, ministro de Sanidad hasta 2023, mostró sus discrepancias en un programa de máxima audiencia de la televisión Skaï. Plevris proviene de LAOS, un partido ultraconservador que se integró en la formación del primer ministro. Para sorpresa de muchos, el antiguo líder de LAOS y actual ministro de Trabajo, Adonis Georgiadis, apoyó en un artículo el 13 de enero la propuesta de matrimonio igualitario.

Los quebraderos de cabeza para Mitsotakis provienen de otro sector, el ala Karamanlis —la familia política del exministro Konstantinos Karamanlis—, liderado por el ex primer ministro Antonis Samarás. La batalla interna se decidirá en las elecciones europeas; mientras Mitsotakis siga obteniendo éxitos electorales, los partidarios de Samarás no tienen mucho que hacer. Pero si Nueva Democracia no logra una victoria amplia, el sector crítico comenzará a pedir cuentas por la cuestión de los derechos LGTBI, así como por otros asuntos pendientes relacionados con el reparto de cargos.

El Gobierno quiere minimizar el impacto de la crisis abierta de dos maneras. Por un lado, ha anunciado que dará libertad de voto a sus parlamentarios, para no contar los votos en contra como un fracaso. Por otro, su potente equipo de comunicación se esfuerza para que también afloren las diferencias internas de los partidos de oposición, para que las propias no parezcan tan graves.

Un colaborador muy cercano a Mitsotakis declara, bajo condición de anonimato, que al primer ministro no le preocupan en exceso las voces discordantes de su formación porque quedarán eclipsadas cuando la medida se apruebe con un amplio apoyo, tanto en el Parlamento como en la calle. “Lo que sí es interesante, y demuestra qué opina la sociedad, son las voces que se oponen a la propuesta por parte de los otros partidos, que en teoría son más progresistas”, contraargumenta en conversación telefónica. Se refiere a figuras como Yannis Sarakiotis, diputado de Syriza.

El politólogo Jristos Papagiannis destaca que Mitsotakis ha logrado “navegar hábilmente en un partido muy diverso, con muchas subdivisiones dentro de él”. Aunque considera que Nueva Democracia aún no está maduro para completar la transición de una derecha conservadora a una derecha moderna y liberal, sí percibe un esfuerzo en ese sentido, que encuentra resistencias “en una gran parte de la base y en cargos del partido”.

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El centro de estudios progresista Eteron que dirige Papagiannis constató en una encuesta reciente que el 56,2% de los griegos es favorable a la legalización del matrimonio homosexual, mientras que el 38,9% respondió que está en desacuerdo. El propio Papagiannis introduce dos matices a estos datos: opina que los derechos humanos “no pueden depender de si la sociedad está preparada” y explica que, a menudo, el apoyo a determinadas políticas públicas aumenta tras su aplicación.

Parvi Palmou, psicóloga y activista por los derechos LGTBI, lamenta que Grecia siga siendo un país “muy conservador, lgtbifóbico y sexista, como el resto de los Balcanes”, aunque haya habido avances notables en la última década. Para ella, el avance en derechos que las parejas del mismo sexo están a punto de conquistar en Grecia no se debe tanto al primer ministro Mitsotakis como al activismo LGTBI y los colectivos, que lleva décadas reclamándolos, además de a la presión de la UE sobre Grecia.

Un Estado confesional

Palmou, Papagiannis y el colaborador de Mitsotakis citado coinciden en la importancia que tiene la iglesia ortodoxa respecto al debate público. Cinco años después del intento de reforma constitucional para separar Iglesia y Estado ―que quedó truncado cuando Syriza perdió las elecciones en 2019―, Grecia sigue siendo un Estado confesional en el que el estamento clerical tiene un poder significativo en asuntos relacionados con la moral. Papagiannis está convencido de que para un partido de derechas como Nueva Democracia sería imposible afrontar una campaña fuerte y coordinada de la iglesia contra este proyecto de ley. Pero observa una evolución en el clero que facilitará la iniciativa de Mitsotakis.

El asesor gubernamental también destaca la evolución de varios obispos relevantes, en especial Eugenio de Creta. El arzobispo cretense declaró en una entrevista a una televisión privada que “todos los individuos son hijos de Dios, independientemente de su orientación sexual” y que hay que abordar el debate sobre el matrimonio igualitario desde un “enfoque delicado”. Los sectores más ultras, representados por Serafín del Pireo, han expresado el rotundo rechazo que se esperaba de ellos. En la medida en que las iglesias ortodoxas responden a la autoridad de su respectivo y único obispo primado, no tienen necesidad de buscar consensos, ni siquiera sobre temas que consideran fundamentales.

“Lo que llaman posturas aperturistas no son tal, todos los obispos creen que las personas LGTBI somos pecadoras y solo difieren en el nivel de compasión que la Iglesia debe mostrar ante nosotros”, declara la psicóloga Palmou, que no se muestra tan optimista respecto al avance en derechos. “Incluso entre aquellos [sectores de la iglesia ortodoxa griega] considerados más abiertos; a menudo vemos resistencia a la adopción de niños por parte de parejas LGTBI”, recuerda Papagiannis.

La postura de la oposición no está clara

Aún no está clara la postura de los partidos de la oposición. La extrema derecha (Solución Griega, Espartanos y Niki), votará en contra. Los dos partidos minoritarios de izquierda (Rumbo a la libertad y la escisión de Syriza llamada Nueva Izquierda) votarán a favor. El partido comunista (KKE) no ha hecho pública su postura, aunque tradicionalmente rechazaba la agenda LGTBI, pues para ellos representaba “una ideología burguesa que ataca la unidad de la clase obrera resaltando sus diferencias”. Sin embargo, recientemente sus juventudes publicaron un texto en el que critican “el aislamiento social de personas trans, intersexuales y homosexuales”.

Estéfanos Kaselakis, líder de Syriza, anunció que su formación votará a favor e impondrá la disciplina de partido sin siquiera conocer el texto concreto de la propuesta de ley. Lo contrario sería difícil de argumentar para Kaselakis, primer líder político de Grecia abiertamente gay. Pero en Syriza no todos opinan lo mismo. “Hay bastantes cargos que creen que la oposición no le debería poner las cosas fáciles a Mitsotakis”, explica Papagiannis. Los socialistas del Pasok tampoco han anunciado si votarán a favor.

El punto más incierto de la reforma legislativa es el relativo a la adopción por parte de parejas del mismo sexo. En una entrevista en el canal Star, Mitsotakis dio a entender que la propuesta facilitará la adopción de los hijos de uno de los cónyuges por parte del otro y dará a las parejas con hijos los mismos derechos que las heterosexuales. Pero probablemente dejará fuera toda mención a los vientres de alquiler que, aunque en Grecia son legales, no están previstos para una pareja de dos hombres. Este es el aspecto que provoca más discrepancias de la ley, tanto en el partido del Gobierno como en la oposición.

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