Lun. May 20th, 2024

Los asesinatos que cuatro padres cometieron contra sus hijas e hijos desde que comenzó enero y hasta la pasada semana convirtieron al inicio de 2024 en el periodo más corto con más crímenes por violencia machista ejercida sobre menores desde que hay registro, en 2013. Desde entonces, son ya 60. Y diez las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas este año, 1.253 en el cómputo total, que se inició en 2003. Por ese pico de violencia, este martes se ha celebrado el pleno del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. Lo ha hecho de forma extraordinaria en el Palacio de la Moncloa y ha sido presidido por primera vez por un presidente del Gobierno; una señal de “la preocupación del Gobierno y de la sociedad” por el “terrible” inicio de año, ha dicho la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la rueda de prensa posterior, donde ha anunciado 160 millones de euros para la lucha contra la violencia de género que se entregarán a las comunidades y Ceuta y Melilla.

La ministra ha explicado que tras esa reunión del Observatorio —un órgano interministerial del que también forman parte representantes de las comunidades autónomas, la Justicia, la sociedad civil y organizaciones sindicales y empresariales—, en la que han participado “más de 50 intervinientes”, se ha visto la “necesidad” de nuevas medidas de “coordinación y colaboración” entre los distintos ámbitos que trabajan en este problema estructural. Del análisis de los casos más extremos, los feminicidios y los asesinatos de niños y niñas perpetrados por sus padres o las parejas o exparejas de sus madres, se desprenden muchas veces las grietas del sistema, por ejemplo, regímenes de visitas otorgados a padres con denuncia por violencia machista y pendientes de juicio como ocurrió, en el asesinato de Elisa y Larisa en Almería el pasado marzo.

Entre las cuestiones a las que ha hecho alusión Redondo han estado la formación de quienes trabajan en violencia. “Porque podemos estar detectando fallos en ese sentido, y hay que insistir en la formación de los equipos especializados”, ha afirmado.

También “la creación de unidades especializadas en torno a la actuación que se realiza en los juzgados de violencia”, es decir, las llamadas unidades de valoración forense integral (UVFI) que estableció la ley contra la violencia de género de 2004 y que sirven para analizar mejor el riesgo potencial de las mujeres que denuncian violencia machista con la ayuda de especialistas, pero que, 20 años después, siguen sin estar extendidas ni ser homogéneas ni estar suficientemente dotadas de equipos y recursos en todo el territorio.

Y “la concienciación social” a través de campañas, “porque los discursos negacionistas y que fomentan la violencia” están llegando e “implicando a los más jóvenes”, es otra de las áreas a las que se ha referido la ministra.

De los 160 millones, 140,2 están destinados al desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género a través de las autonomías, Ceuta y Melilla, que son las que tienen las competencias. Y los 19,8 millones restantes se invertirán en cuatro programas específicos que Redondo ha desglosado. Se trata de 8,5 millones a programas para hacer efectivo el derecho a la asistencia social integral para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas menores de edad; otro millón para la implementación de la propuesta común de mejora de la coordinación y puesta en marcha de planes personalizados de atención a las víctimas; 9,5 millones para el apoyo a víctimas de agresiones sexuales —medidas que fijó la Ley de Libertad Sexual—; y 800.000 euros a programas de prevención de explotación sexual a menores tuteladas.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.